De la Sota: Hay un caldo de cultivo para el conflicto social

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Asegura que la inflación y la inseguridad son los principales problemas. Denuncia discriminación de la Nación a la Provincia.

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Por Edgardo Moreno y Julián Cañas

El gobernador José Manuel de la Sota enumera con optimismo los planes futuros de su administración, pese a la incertidumbre del escenario nacional y la estrechez financiera de la Provincia. Atenúa el énfasis cuando se lo consulta sobre el origen y las consecuencias de la crisis de diciembre pasado, que convirtió a Córdoba en territorio del descontrol y los saqueos.

Se interna de a ratos en cuotas de auto­crítica, cuando aborda los problemas que debió afrontar su gestión, como el escándalo del narcotráfico que terminó descabezando a la conducción po­licial y obligó a un profundo recambio en el gabinete. Y arremete con estilo filoso cuando describe la conflictiva relación con el Gobierno nacional y 
la realidad interna de su par­tido político.

El gobernador nos recibe en el amplio despacho del Centro Cívico. La oficina principal del Panal, donde se cocinan las decisiones del poder provincial, destaca por su amplitud. Tiene una decoración cuidada y minimalista, en la que sobresalen obras de artistas cordobeses.

En uno de los pocos muebles del lugar, hay tres portarretratos. Imágenes congeladas de la intimidad personal de quien habita, circunstancialmente, ese espacio destinado al gobernante elegido por los cordobeses. Una foto de su madre; otra con sus dos hijas. La restante nunca se hizo pública y fue en su momento una de las más buscadas por los medios de comunicación: el encuentro con el papa Francisco, el año pasado en el Vaticano.

El gobernador no disimula que se siente cómodo hablando de sus proyectos de gestión. Elude con destreza algún tema que pueda ser urticante para 
su administración y disfruta cuando revela su conocimiento del peronismo.

–¿Cómo puede afectar a la Provincia la persistente falta de acuerdo con el Gobierno nacional sobre las finanzas públicas?

–No hemos tenido, no tenemos y hemos previsto no tener asistencia de la Nación. Somos la única provincia argentina que no accedió a la refinanciación de la deuda que resolvió el Ejecutivo nacional. Pagamos religiosamente 60 millones de pesos mensuales en ese concepto. Tomamos todas las previsiones para seguir con nuestros programas de construcción de autopistas y autovías, escuelas y hospitales. Además de sostener todos los planes sociales que estamos impulsando, como boleto educativo y becas académicas. Todo tendrá continuidad, con recursos propios de la Provincia.

–¿Por qué no firmó la refinanciación de deuda?

–Porque hay una cláusula que dice que la provincia que firma tiene que desistir de las acciones judiciales que tenga iniciadas contra la Nación. Constitucionalmente no podría renunciar a estas acciones. Políticamente, menos. La Nación le debe a la provincia de Córdoba, no al gobierno de De la Sota. Eso hizo que nosotros no firmáramos ese refinanciamiento. Este plan se renueva cada tres meses, pero seguramente será para todo el año, con el compromiso de fidelidad política con el Gobierno de aquellos gobernadores que lo firmen.

–Una nueva complicación en la relación con el Gobierno nacional. ¿Cómo la califica ahora?

–No hay relación. Yo busco el diálogo, pero no tengo respuestas. No bien el jefe de Gabinete (Jorge Capitanich) me invitó a dialogar, allá fui. Dejé propuestas, pero nunca respondieron. Hay una discriminación muy clara en contra de Córdoba. De todas maneras, si me vuelven a invitar al diálogo, vuelvo a ir. Como lo hice con el acuerdo por la tarifa de Epec. Y no pedí nada a cambio. Como era algo que beneficiaba a los cordobeses, lo firmé sin problemas.

–¿Esta situación obligará a hacer recortes de algunos planes?

–Estamos obligados a tener prioridades y a cuidar mucho cada peso que gastamos. Pero está garantizada la inversión en obras viales, como la autopista a Río Cuarto, que demanda una inversión mensual de más de 200 millones de pesos. Seguirán los planes para los jóvenes, el boleto educativo y están en construcción 42 establecimientos escolares. Además de que hemos cerrado los acuerdos salariales más ventajosos del país con los maestros y los empleados públicos provinciales, entre ellos el sector de la salud. Todo es poco en materia salarial, pero nos preocupamos en dar el mejor incremento posible.

El ajuste

–¿Qué análisis hace de las medidas que instrumentó el Gobierno nacional para intentar contener la inflación?

–Estoy en contra de las medidas de ajuste. Humildemente he propuesto un acuerdo social por 18 meses, una vez terminadas las discusiones de paritarias, para que una vez que los salarios recuperen el poder adquisitivo, establezcamos una tregua de precios y salarios hasta el final del mandato de este gobierno. Se debe dejar de emitir como se está haciendo y resolver el problema de financiamiento de las provincias. Porque inflación y provincias desfinanciadas equivalen a conflicto social. Hay que rebajar el Impuesto a las Ganancias, que se come los aumentos salariales. La Presidenta debe terminar su gestión en la mejor condición, porque eso significa que el próximo gobierno va a arrancar desde la planta baja, no desde el subsuelo.

–¿Cree que existe riesgo 
de una conflictividad 
social aun mayor?

–Si la inflación no cesa y la inseguridad no merma, los conflictos sociales se van a incrementar. Hay un paro anunciado de dos centrales obreras. En la medida en que no haya diálogo, estamos frente a un caldo de cultivo del conflicto social. Hay que encontrar un camino de acuerdo, porque la situación es grave. Dicho en criollo: los argentinos estamos jodidos. Y no tendríamos por qué estarlo. Hay tomas de tierras, reclamos sociales. No podemos pensar que todo es complot. Puede haber mala política de por medio, porque algunos no buscan soluciones sino problemas, porque creen que pueden sacar algún rédito. Pero también es cierto que para que estos conflictos se produzcan debe haber caldo de cultivo. La inseguridad y la inflación son dos flagelos que hay que afrontar. También el narcotráfico, en el que la lucha la debe encabezar el Gobierno nacional. Desde las provincias, es poco lo que podemos hacer en ese sentido.

Seguridad

–¿Qué autocrítica hace de lo que sucedió a fines del año pasado, con la protesta policial y los saqueos?

–Nuestra responsabilidad fue no tener el adecuado control y la información de que lo sucedía en la Policía. Tampoco cuantificamos la reacción de los proxenetas y los dueños de los prostíbulos, al impulsar la Ley de Trata. Esta gente financió a bandas que actuaron en los saqueos. Sin dudas que le dimos un golpe muy duro, pero estos mafiosos tuvieron una reacción porque rompimos un negocio muy grande. Pero aprendemos de los errores que cometemos y no nos quedamos con los brazos cruzados. Fue aprobada casi por unanimidad la ley de control social de la Policía. Sólo una legisladora de la izquierda no apoyó esta iniciativa. Esto va a cambiar a la Policía. Cada ascenso tendrá el respaldo de la gente y no de un comisario. También buscamos una solución al problema del narcoescándalo que involucró a policías. Está en tratamiento la creación del cuerpo especial de policía contra el narcotráfico, cuyo control no dependerá del poder político, sino del Poder Judicial. Será la primera fuerza de seguridad armada en el país que no dependerá del poder político, sino de los fiscales.

–Usted lo ha dicho a veces de manera solapada, ¿realmente cree que hubo un intento de intervención de la Nación sobre Córdoba al no enviar la Gendarmería durante la crisis de diciembre?

–Por lo menos la Nación no respondió como debió hacerlo. Lo correcto hubiera sido el 
en­vío de la Gendarmería. 
Si tenemos una mirada benévola… (hace un silencio) podríamos decir que en el Gobierno nacional no tomaron conciencia de lo que estaba sucediendo en Córdoba. Luego quedó demostrado que el problema no era sólo en nuestra provincia y reaccionaron.

Hospital casi listo

Aunque no ­precisó fechas de inauguración, el gobernador De la Sota ­aseguró que ya está “casi listo” el edificio del hospital Regional de Villa María. Por la demora en esta obra, el año pasado huboun fuerte cruce con el intendente villamariense Eduardo Accastello, quien se quejó y acusó al Gobierno provincial de discriminar a su ciudad, por ser él un adherente al kirchnerismo.