En el Gobierno reconocen que superará los $5.500 millones. El radicalismo calcula $ 7.150 millones y cree que se recortarán obras públicas y planes sociales.
Por Daniel E. Alonso
nque los detalles finos siguen en la sombra, miembros del Ejecutivo reconocieron que el impacto fiscal de la suba salarial a los empleados públicos está muy por encima de lo informado.
El miércoles pasado, cuando se anunció el acuerdo con los principales gremios, el ministro de Gestión Pública, Manuel Calvo, dijo que el gasto adicional ascendía a 3.510 millones de pesos para 107 mil estatales.
Pero esa cifra –abarca al 75 por ciento de la planta–, que de movida generó dudas, sería sólo el costo líquido, es decir, sin computar los aportes patronales, que van de 20 a 22 por ciento, según el sector.
Además, si se incluye a la Policía (logró una mejora de 33 por ciento a fines de 2013), el impacto anual supera los 5.500 millones, según fuentes del Centro Cívico. Incluso, todavía están fuera del cálculo los empleados judiciales y legislativos, por lo que la erogación se iría más cerca de los 6.000 millones.
Para el radicalismo, en tanto, el costo será aún más alto. El legislador Rodrigo de Loredo calculó un gasto salarial extra de 7.150 millones de pesos en comparación con el cierre del año pasado.
En ese marco, indicó que, si se cuenta lo que ya estaba presupuestado, hay 4.155 millones de pesos de gasto no previstos en la partida de Personal. La pregunta de rigor es cómo se cubrirá.
Hipótesis
En el gabinete delasotista reconocen por lo bajo, ya desde la crisis policial de diciembre, que este año no se podrán hacer todas las obras proyectadas.
De Loredo, por su parte, cree que, además de recortar el gasto de capital, el Gobierno también aplicará un “feroz ajuste en programas sociales”.
Su hipótesis es que, con una inflación de 35 por ciento y un crecimiento real de la economía de 1,3 por ciento (versión optimista), se recaudarán 3.420 millones de pesos adicionales a lo estimado.
Aun así, todavía subsistiría un bache que se cubriría con reasignaciones de recursos. Lo cual, según De Loredo, restará fondos a planes sociales y obras públicas.
En este último caso, considera que “el manotazo” será sobre los fondos que no tienen asignación específica, a diferencia de la tasa vial o del fondo sojero.
“En un contexto de coyuntura económica macro que se avizora complicado, con claras consecuencias sobre las finanzas provinciales, la obra pública será nuevamente la variable de ajuste, como en 2012”, dijo.
La Provincia acordó pagar una suba promedio de 31,6 por ciento anual, en dos tramos. El primero, de 20,64 por ciento, se empieza a pagar la semana próxima.
Ingresos
Otro dato que la Provincia demora en publicar es el de la recaudación, cuyos números comenzarán a revelarse en los próximos días, tras el cierre de la negociación paritaria.
Fuentes cercanas a Rentas hablan de subas que van del 35 al 40 por ciento interanual en el primer bimestre. Por ahora, la única pista viene del lado de la coparticipación.
A nivel local, las tres primeras quincenas del año reflejan un alza de 43,5 por ciento en los fondos a los intendentes. En tanto, según los datos preliminares del Ministerio de Economía nacional, a partir de los movimientos de fondos del Banco Nación, la coparticipación federal para Córdoba mostró un incremento de 36,2 por ciento en febrero.
Los envíos llegaron a 1.910,2 millones de pesos por lo que, en el primer bimestre del año, las transferencias automáticas consolidan un alza interanual de 42 por ciento.
El fondo sojero, en tanto, reportó 39,2 millones de pesos durante febrero, lo que implica un incremento de 84 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.