La Corte ordenó difundir datos sobre los planes sociales

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27/03/2014 | 06:20 El máximo tribunal del país exigió al Estado nacional que informe sobre los detalles de otorgamiento y los beneficiarios de los programas. Fue a partir de un pedido de una ONG.

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La Corte Suprema de Justicia le ordenó ayer al Estado Nacional que informe sobre los detalles del otorgamiento de los planes sociales que administra, así como los beneficiarios de dichos programas.

A partir de un pedido realizado por la ONG Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Corte ordenó al Estado que brinde información relacionada a la administración de los planes sociales bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner.

El fallo fue suscripto por todos los jueces del máximo tribunal, a excepción de Raúl Zaffaroni, quien no votó, y confirmó así un fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

El pedido de la ONG apuntaba a obtener información sobre el alcance territorial y conocer a los funcionarios públicos nacionales, provinciales o locales y representantes de organizaciones políticas, sociales o sindicales que intervienen en el manejo y entrega de dichos programas sociales.

El Estado se oponía a brindar la información solicitada con el justificativo de que la divulgación de los datos de los beneficiarios de los plantes permitía su identificación y, por consiguiente, podría ponerlos en una situación de vulnerabilidad social.

Según consideró el Estado, «constituiría una intromisión ilegítima en la vida privada de los beneficiarios de estos planes sociales», pero a la vez «propiciaría su estigmatización al constituirse en un factor de discriminación».

No obstante, la Corte hizo lugar al reclamo de la ONG y ordenó que «debe prevalecer el principio de máxima divulgación de la información pública», en medio de las denuncias de organizaciones de cooperativistas y trabajadores desocupados por la presunta administración «clientelar» de esos planes por parte del oficialismo.

Además, los jueces advirtieron que de haber «un comportamiento discriminatorio respecto de un beneficiario de un plan social, se le deberá garantizar a este último el recurso a las vías legales adecuadas para impedirlo, hacerlo cesar y obligar a brindar la correspondiente reparación».

«En materia de acceso a la información pública existe un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes de acceso debe ser entendida en un sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente», agregó la Corte en su resolución.

Los jueces aclararon que esa información es «de carácter público, no pertenece al Estado, sino que es del pueblo de la Nación Argentina» y alcanza con «la sola condición de integrante de la comunidad para justificar la solicitud».

«La publicación de la nómina de beneficiarios no modificará ni agravará la situación de vulnerabilidad que los hace merecedores de esa ayuda, pero, en cambio, permitirá al conjunto de la comunidad verificar, entre otros aspectos, si la asistencia es prestada en forma efectiva y eficiente, si se producen interferencias en el proceso y si existen arbitrariedades en su asignación», aclaró la Corte.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda hicieron un voto conjunto, en el que remarcaron que las políticas de transparencia de poco sirven si luego se dificulta el acceso la información pública y expresaron que toda persona tiene derecho a acceder a la misma, siempre y cuando no se trate de datos «sensibles».

Los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Carmen Argibay votaron por separado, aunque en el mismo sentido que sus pares, y tildaron de «inadmisible» la defensa presentada por el Ministerio de Desarrollo Social al no permitir el acceso a los padrones de de beneficiarios.

En ese sentido, los jueces Petracchi y Argibay replicaron que la transparencia beneficia a los vulnerables.