Los Estados Unidos respaldaron a la Argentina en uno de los juicios contra los holdouts

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El gobierno de Barack Obama presentó un recurso ante la Corte Suprema de su país para que no se revele la información de activos argentinos en el exterior que pueden ser embargados. «La reestructuración consensual es el medio apropiado para resolver la crisis«, señalaron. Ayer, el tribunal ordenó que el país pague u$s185 millones por British Gas

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La Argentina logró un respaldo clave en la batalla legal contra los tenedores de bonos que no ingresaron al canje de deuda: el gobierno de los Estados Unidos presentó ante la Corte Suprema de su país un escrito para apoyar la postura de la administración de Cristina Kirchner en una de las múltiples causas que enfrenta contra los holdouts.

A través de un escrito que lleva la firma del fiscal general del Estado, Donald Varrilli, la gestión de Barack Obama se presentó en el caso «Discovery Mundial» para reclamar que no se revele la información de los activos argentinos en el exterior que pueden ser embargados para cobrar la presunta deuda que la Argentina tiene con el fondo NML, entre otros.

«Las órdenes podrían interrumpir la resolución ordenada de tales crisis y de que fueron inconsistentes con la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos (Foreign Sovereign Immunities Act o FSIA) y con el bien establecido entendimiento de la cláusula pari passu que aparece en los bonos», señala el documento que fue presentado por el gobierno norteamericano en calidad de amicus curiae (amigo de la Corte en latín), un recurso que habilita a terceros a dar una opinión en una causa judicial.

Un punto relevante del escrito es que el gobierno norteamericano se refirió también en ese escrito a la causa que debe definir sobre la cuestión de fondo, la interpretación de la cláusula pari-passu. Ella establece que todos los tenedores de bonos deben ser «tratados igualitariamente». Mientras la Argentina considera que eso significa ofrecer a los holdouts el mismo acuerdo que propuso a quienes entraron al canje en la reestructuración de deuda, los tribunales inferiores de los Estados Unidos consideraron que en realidad debe interpretarse en el sentido de garantizar el pago completo de lo acordado.

El gobierno de los Estados Unidos apuntó contra el criterio del juez de primera instancia Thomas Griesa

 

En un breve apartado del documento – que consta de que consta de 33 páginas y 36 de apéndices – la administración de Obama se mostró próximo a la interpretación argentina y recordó que los jueces anteriores «rechazaron la posición de los Estados Unidos como amigo de la Corte, de que la reestructuración consensual es el medio apropiado para resolver la crisis de deuda soberana«.

«La reestructuración consensual es apropiada para resolver la crisis»

La presentación, revelada por la agencia estatal de noticias Télam, fue realizada el lunes, aunque recién fue dada a conocer en las últimas horas del miércoles. El escrito fue ingresado en la causa conocida como «Discovery Mundial», que se encuentra en estos momentos en la etapa de presentación de méritos escritos ante la Corte Suprema de los EEUU. Se trata de un caso en el que el juez de primera instancia Thomas Griesa otorgó al fondo NML la autorización para que una serie de entidades financieras privadas le entregaran información sobre los activos que la Argentina tiene en el exterior para que puedan ser embargados de ser necesario.

El «amicus curiae» norteamericano hizo referencia al «interés sustancial» de su país «en la correcta interpretación y aplicación de las provisiones de la ley FSIA y en el tratamiento a los Estados extranjeros en las cortes de Estados Unidos». «Permitir más examinación de los bienes  e un país extranjero por parte de los tribunales de Estados Unidos, podría minar los propósitos de la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos y tener un número de consecuencias adversas», advirtió el fiscal Varrilli.

Por un lado, «invadiría sustancialmente la soberanía de un Estado extranjero en un área especialmente sensible», mientras que sería «inconsistente» con los principios y propósitos que la ley FSIA expresa, señala el escrito. El documento advierte incluso que permitir el acceso a información de bienes de Estados soberanos «podría llevar a un tratamiento recíproco adverso para los Estados Unidos en tribunales extranjeros», así como «amenazaría con hacer daño a las relaciones exteriores (del país) en forma más general».