“Pega Fuerte La Sequía Y La Indiferencia Política “

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No faltan los problemas al sector agropecuario. Aquí va un resumen de las últimas noticias poco alentadoras  de basto espectro rural.

Santa Fé: declaran la emergencia agropecuaria en departamentos del norte

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Mediante el decreto Nº 2795 firmado por el gobernador Antonio Bonfatti, la provincia de Santa Fe declaró en situación de emergencia y/o desastre agropecuario desde el 1° de julio hasta el 31 de diciembre de 2013 a las explotaciones agropecuarias afectadas por prolongada sequía e intensas heladas, que se encuentran ubicadas en la totalidad de los distritos de los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal, Vera y General Obligado, y a los distritos Colonia Dolores, Gobernador Crespo, La Camila, La Criolla, La Penca y Caraguatá, Marcelino Escalada, Pedro Gómez Cello, Ramayón, San Justo, San Martín Norte, Colonia Silva, y Vera y Pintado del departamento San Justo.

El decreto detalla además que los productores comprendidos en dichas áreas geográficas deberán completar un formulario de declaración jurada en el municipio o comuna respectiva. Dicho formulario será tomado como base para la emisión del certificado que será extendido por el Ministerio de la Producción y a través del cual acreditarán su situación.
Asimismo, se establece para los productores que posean certificados de emergencia agropecuaria, según lo establecido en el artículo 1° del decreto gubernamental, el siguiente calendario impositivo del Impuesto Inmobiliario Rural: Año 2013 – Cuota 4º – Vencimiento: 23/01/14; Año 2013 – Cuota 5º – Vencimiento: 22/04/14; Año 2013 – Cuota 6º – Vencimiento: 23/06/14

Por otra parte en el artículo 5° de dicho decreto se detalla que se suspende, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, inciso b) de la Ley N° 11297, por 180 días después de finalizado el período de emergencia agropecuaria, la iniciación y sustanciación de los juicios y acciones administrativas iniciadas por el cobro de impuestos, según publicó El Litoral.

Cabe recordar que la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria en su reunión del pasado 3 de setiembre había decidido recomendar al Poder Ejecutivo Provincial la adopción de medidas que contribuyen a superar las adversidades derivadas de esas situaciones de sequía y de fuertes heladas.

Continúa el conflicto: Cargill ya envió los telegramas de suspensión a 65 trabajadores

La medida comenzará el 15 de octubre y se extenderá hasta enero del año que viene por vacaciones. El gremio denuncia una rebaja salarial y el freno de la producción.

El secretario general del Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, Pablo Reguera, confirmó la recepción, por parte de 65 trabajadores de la planta de la cerealera Cargill, de Puerto General San Martín, de los respectivos telegramas en los que se les comunica la suspensión de sus labores entre el 15 de octubre hasta el 15 de diciembre.

A esto se sumarán además los respectivos períodos de vacaciones que extenderían el plazo hasta enero. No obstante, el dirigente desmintió con énfasis las versiones circulantes a nivel nacional referidas al cierre de esas instalaciones, y señaló que se trata de la suspensión de actividades de un sector.

En diálogo con La Capital, el gremialista, que es además titular de la CGT 17 de Octubre, desestimó totalmente el “cierre” de la planta, la que en sus otros sectores seguirá funcionando normalmente y en la que se desempeñan algo más de 300 trabajadores. Luego de las suspensiones, los operarios se reincorporarán a realizar tareas de trabajo y limpieza y a cumplir las ocho horas de reglamento que marca la ley. Cargill cuenta en la región con esta terminal y con otra en General Lagos.

Aunque en un comunicado sobre la medida la multinacional destacó que “esto no afecta las fuentes de trabajo y (los trabajadores) seguirán percibiendo el total de su salario básico”, la preocupación principal del gremio sanlorencino reside en que con esa actitud la empresa afectará sensiblemente los ingresos de esos empleados, al abonarles sólo el sueldo básico, sin el presentismo ni los premios, lo que representaría una disminución salarial estimada en el 37 por ciento de los ingresos, aproximadamente 4 mil pesos mensuales.

Reguera acusó de desconocimiento del tema a cierto periodismo “que habla del cierre de la planta. La empresa en Puerto tiene unos 300 trabajadores en diversas áreas que van a seguir trabajando normalmente, recibiendo camiones, despachando barcos y demás. Hablan sin sentido del traslado de las operaciones a la planta de General Lagos cuando no hay nada al respecto. La medida afecta al área de producción y hasta el momento se trata sólo de una suspensión temporaria.

El titular del sindicato había informado al ciclo “El primero de la mañana” de LT8, que “si prosiguen con la idea de afectar los salarios habrá resistencia del gremio”. Y agregó que la decisión genera un “poco de confusión, ya que se trata de una de las empresas más importantes del planeta. Tomar la decisión de parar la producción, suspender a 65 compañeros con una reducción de salario de casi 4 mil pesos nos parece que es una aberración. Cargill debe tener en Argentina varios miles de trabajadores, y que tenga que reducirles el salario a 60 no lo vemos en la política de la empresa”.

Luego, consideró que una posible intención de la empresa podría ser generar una presión para que la Nación obligue de alguna manera a los productores a vender la soja que guardan. “Y nosotros, los trabajadores, seríamos herramientas de esa maniobra”, conjeturó.

Sobre las repercusiones que tendría la suspensión de la producción de Cargill, Reguera señaló que las demás empresas aceiteras de la región trabajan con total normalidad, aunque no descartó que la medida causará algún efecto en la planta de Buyatti, que recibe granos de Cargill.

Respecto al argumento que adujo la empresa de Puerto San Martín sobre la falta de granos, dijo que “no es un argumento válido para decir que le produce un perjuicio económico. No creemos que a la empresa le cambie mucho la reducción del sueldo de 60 trabajadores; además, todas las demás empresas siguen en marcha, con el mismo nivel de producción”.

Por su parte, la cerealera Cargill explicó los motivos de la medida en un comunicado en cuyos principales conceptos señala que “debido a la falta de actividad causada por falta de granos para procesar durante esos meses la empresa ha decidido suspender con goce de sueldo a 65 de sus empleados”.

No obstante, la firma aclaró que “esto no afecta las fuentes de trabajo y los mismos seguirán percibiendo el total de su salario básico. Para Cargill, nuestros empleados son una prioridad por lo que seguiremos haciendo todo lo posible para mantener sus empleos”, añadieron los responsables de la empresa.

Corredores de granos, en alerta por la ley de mercado de capitales

Sostienen que, por las nuevas exigencias que plantea la norma, el 80% de esos actores, la mayoría chicos por el volumen que comercializan, podría desaparecer.

La reglamentación de la nueva ley de mercados de capitales encendió las alarmas entre operadores del mercado de granos, fundamentalmente en corredores de cereales que sostienen que, por las nuevas exigencias que plantea la norma, el 80% de esos actores, la mayoría chicos por el volumen que comercializan, podría desaparecer.

Por estos días, diversos corredores comenzaron a analizar las implicancias de unas 700 páginas de la reglamentación de la ley. Allí, entre otros puntos, se establecen mayores exigencias patrimoniales para operar a los corredores de cereales.

Vale el ejemplo del patrimonio neto exigido para operar. En el caso del mercado a término, esa exigencia antes era de acuerdo al volumen que se manejaba. Así, por ejemplo, el patrimonio neto mínimo para operar era el equivalente a US$ 100.000 o unos 573.000 pesos. Y de ahí aumenta según el volumen que realice el operador.

Ahora, en cambio, con la nueva ley si el corredor quiere operar necesitaría un millón de pesos. Además, si pretende registrar la posición de un exportador, por ejemplo, deberá contar con 3,5 millones de pesos. Y esto independientemente del volumen, es decir, si es un operador chico o grande.

“El 80% quedaría fuera del mercado porque no tiene los 3,5 millones de pesos que se necesitarían. Es decir, la norma perjudica a los más chicos y favorece a los operadores más grandes por volumen”, contó una fuente ligada a los corredores que pidió reserva de su nombre.

Por otra parte, si pretende registrar un cliente que a su vez tiene muchos clientes, la exigencia para ese caso es de $ 15.000.000.

“Nos están metiendo a todos en la misma bolsa elevando las exigencias”, se quejó otro operador chico consultado.

“El sector del corretaje va a estar complicado con esto”, agregó la fuente.

Según publicó La Nación, un grupo numeroso de corredores se encuentra evaluando los pasos por seguir. Entre otras alternativas, no se descarta presentar un recurso administrativo ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que haya un cambio en la normativa.

Otros corredores creen que inclusive se podría llegar a presentar un recurso de amparo ante la Justicia. De imponerse esta opción, sería cada firma en particular la que tendría que llevar adelante esta acción antes que lo haga alguna de las cámaras que agrupan a estos operadores del mercado.

Mientras tanto, otros se inclinarían antes de tomar cualquier decisión de tratar de conversar primero con el titular de la CNV, Alejandro Vanoli.

“Todavía no tomamos una decisión, pero se está evaluando todo, haciendo consultas con otros operados, exportadores, bolsas”, precisó un corredor que participa de la ronda de consultas que se abrió por este tema entre operadores que tienen su zona de influencia en Buenos Aires y otras provincias.

Según operadores, la nueva norma tiene otros puntos conflictivos, como el relativo a la integración del directorio de los mercados de futuros.

“Limita la participación en el directorio a aquellos que no registran, con lo cual puede venir cualquiera sin conocimiento del tema”, opinó un agente.

“En el directorio no puede haber más del 51 por ciento de operadores que integren el directorio de sus empresas”, señaló otro operador. Es decir, más de la mitad de los directores debería ser independiente.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la CNV podría fiscalizar actos administrativos sin sumario previo.

Cordoba Times – El Campo